Las minas son bienes de dominio público y su aprovechamiento y explotación por particulares está sometido, por norma general, al régimen de autorización y concesión administrativas. Es decir, un yacimiento de oro, aunque se encuentre en una finca de propiedad particular, no le da a su dueño, per se, el derecho a extraer el mineral.
Otra cosa es que en estos tiempos de crisis económica esté proliferando entre aficionados el bateo en los ríos con la ayuda de herramientas fáciles de adquirir. La obtención de pequeñas cantidades del metal precioso por particulares no está regulada ni prohibida, pero ante la posibilidad de que algunos cursos fluviales españoles vivieran una nueva fiebre del oro, la Administración podría establecer límites a esa actividad, a semejanza de los cotos de caza o pesca, para regular el acceso de los buscadores de oro a los cauces.
De hecho, la mala situación económica ha empujado cada vez a más personas a buscar bajo la tierra el golpe de suerte que frene su pobreza. Con el precio de la onza de oro (31,10 gramos) cotizando por encima de 1.300 euros en los mercados de materias primas, el metal dorado ha recuperado el poder de atracción que tuvo en el pasado. Asturias es el territorio español más relacionado con la búsqueda del preciado elemento, a pesar de que apenas quedan existencias.
Pero el agotamiento del mineral no impide que, en la comarca del Narcea una multinacional canadiense reactivara hace pocos años dos explotaciones que llevaban años abandonadas. Y hay proyectos similares en otros puntos de la geografía asturiana. Algunos, como el de Astur Gold, en Tapia de Casariego, no han prosperado por las denuncias de organizaciones ecologistas. Y en las provincias de León y Almería también se han planteado opciones de recuperar yacimientos olvidados.
